Debate en torno a la gratuidad y el lucro en la educación

"Sería un grave retroceso perder el aporte de entidades que obtienen una retribución legítima por su contribución al sistema educativo.", dice el diario la Tercera en su editorial correspondiente al 22 de junio de 2013

La ex Presidenta Michelle Bachelet ha planteado entre sus propuestas en materia de educación, de cara a un eventual futuro gobierno, la eliminación del financiamiento compartido en la educación subvencionada y la prohibición de que los sostenedores de colegios que reciben esa subvención puedan obtener excedentes derivados de su gestión. Estas propuestas, que parecen concitar amplio respaldo en el bloque opositor, apuntan en un sentido equivocado. De ser finalmente aplicadas, constituirían un retroceso en la calidad y diversidad de la educación chilena, que se ve beneficiada cuando se fortalece la capacidad de los alumnos y las familias de seleccionar el establecimiento entre alternativas y cuando se permite que contribuyan con recursos a su financiamiento.

La educación es un bien público porque los beneficios que ella genera interesan tanto a sus destinatarios, que adquieren competencias y valores para su desarrollo personal, como a toda la sociedad, que ve en ella la fuente de la igualdad de oportunidades y del desarrollo armónico de las distintas facetas del ser humano. Por eso, cuando las familias no están en condiciones de financiar el acceso a una educación de calidad, es el Estado el llamado a asegurarlo, por la vía de entregar un aporte suficiente que permita a cada familia tomar decisiones responsables sobre qué tipo de educación quiere para sus hijos. Así, en la medida que exista la posibilidad de contribuir con mayores recursos al financiamiento de los establecimientos no debe existir un obstáculo a ello, porque de esa forma no sólo se facilita el mejoramiento de áreas como la infraestructura o los sueldos de los profesores, sino que permite una gama de diferentes opciones. Si no existe el financiamiento compartido, la educación tenderá a una segregación entre quienes pueden pagar una educación particular y entre quienes deban resignarse a una educación mayoritariamente bajo el control del Estado y con una sola orientación oficial.

Respecto del lucro en los colegios, lo que se ha planteado como principio es que no sería aceptable que los sostenedores obtengan utilidades con los fondos fiscales, lo que no parece tener mayor justificación porque reduciría la facultad de mantener establecimientos sólo al Estado -a través de las municipalidades o centralizadamente- y las fundaciones, ya que es imposible que los particulares puedan mantener colegios si no pueden obtener una retribución por sus inversiones para contar con salas, gimnasios, bibliotecas, mobiliario, etc. Esta retribución es la que ha permitido a muchas personas abrir establecimientos, al poder pagar los créditos necesarios para financiar esas inversiones.

Lo que le interesa a la sociedad es que los estudiantes tengan acceso a la educación y para ello debe otorgar una subvención que la financie, bajo la condición de que quien la imparte cumpla con estándares de calidad y responsabilidad exigentes y conocidos. La libertad educacional se ve fortalecida cuando ese rol educador lo pueden desarrollar las personas individuales, las iglesias, las fundaciones y las demás entidades interesadas. Uno de los avances más valiosos de las políticas sociales en Chile fue entender que la importancia de un bien público no justifica que sea provisto por el Estado, sino que, por el contrario, los ciudadanos ganan en calidad y libertad de elegir cuando se subsidia a sus destinatarios -en este caso, los estudiantes- para que escojan entre múltiples alternativas, dedicando la autoridad sus esfuerzos a fiscalizar que se cumplan los estándares previstos.