Sobre el Autogolpe que realizó Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 se ha escrito mucho. Pero, en estos momentos en que el fujimorismo prácticamente “exige” al Presidente de la República la gracia del Indulto, es necesario recordar los pretextos que esgrimió Fujimori para legitimar su ilegal acto. Para ello, debemos citar el discurso a la Nación con el cual anunció el cierre del Poder Legislativo y la intervención del Poder Judicial.
En su discurso que tituló “Manifiesto a la Nación” primero recordó los “éxitos” de su gestión. Indicó que “Como muchos peruanos he pensado que ésta era quizá la última oportunidad para que el Perú fuera al encuentro de su destino. Algunos resultados positivos e indiscutibles se aprecian ya en este primer tramo de mi gobierno, ellos son el resultado de la disciplina y el orden con que se han manejado los asuntos nacionales y de la actitud responsable y sacrificada del pueblo peruano. Allí están la reinserción de nuestro país en el ámbito financiero internacional, el paulatino control de la hiperinflación y el clima de confianza y estabilidad logrados”. Es decir, lo que Alberto Fujimori indicó que su gobierno estaba recomponiendo todo aquello que el gobierno del Partido Aprista Peruano había hecho mal, ya sea por la incapacidad académica e intelectual que presentan todos los profesionales militantes de esa organización política o por el capricho personal de Alan García Pérez. De esta manera, acabar con la hiperinflación fue un éxito que aseguró la popularidad de Fujimori. Decir este logro en su discurso era un “sacar en cara” a los peruanos que él era mejor que García. Y los peruanos lo aceptaban.
Pero, luego explica que estos logros son mínimos en relación con lo que él –al igual que todos los peruanos- aspiraba conseguir, aunque, no se podían alcanzar porque aun sobrevivían los viejos males. Por ello señaló que “Pero hoy sentimos que algo nos impide continuar avanzando por la senda de la reconstrucción nacional y el progreso. Y el pueblo del Perú sabe la causa de este entrampamiento, sabe que no es otro que la descomposición de la institucionalidad vigente. El caos y la corrupción, la falta de identificación con los grandes intereses nacionales de algunas instituciones fundamentales, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, traban la acción de gobierno orientada al logro de los objetivos de la reconstrucción y el desarrollo nacionales”. La corrupción y el caos en el gobierno central era cosa conocida por todos los peruanos ya que durante la década de los 80s, y especialmente durante el gobierno de García Pérez, los medios de comunicación particulares informaron en forma permanente de actos de corrupción en los cuales estaban implicados los líderes del partido de la estrella. El caos era producto de la burocracia político-partidaria que el PAP colocó en los ministerios y empresas públicas. El Partido Aprista Peruano hizo del Estado una especia de agencia particular de empleo donde bastaba con tener un carnet del partido para conseguir empleo. Esta burocracia sangró las arcas públicas y la población conocía del mismo porque para realizar un trámite en cualquier ministerio, empresa pública o el mismo Poder Judicial –lleno de jueces apristas- la coima era la llave que permitió lograr los objetivos. El Perú se convirtió en el país del ¿CÓMO ES? Fujimori aprovecho esa especie de asco que generó el gobierno aprista para impulsar sus objetivos. Además, Fujimori aprovecho del histórico rechazo que tiene el pueblo contra el Congreso de la República y el Poder Judicial, manifestando que “A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan el saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron”. Así, Fujimori realizó una separación interesante: a un lado colocó al pueblo junto con su gobierno, quienes serían los buenos; mientras que, del otro lado colocó a las cúpulas de los partidos políticos, a los mismos partidos políticos, al Congreso de la República (Poder Legislativo) y a los jueces (Poder Judicial), quienes serían los malos. Así, en esta aparente lucha bíblica entre buenos y malos, los últimos estaban ganando y con ello, impedían una “vida paradisiaca” a los primeros. Por ello, la decisión que finalmente anunció, es una suerte de “acto de justicia popular” –al más estilo senderista- donde los buenos estaban dispuestos a eliminar a los malos. Finalmente, eliminar a los malos se convertía en un acto bueno. Y, como él los iba a eliminar, él es el bueno.
Por ello, para que no quede duda que él es el único que se identifica con lo que el pueblo peruano aspira, argumentó que “Los encarnizados adversarios políticos de ayer se unen hoy en el propósito de impedir el éxito de la gestión de gobierno, sin importarles el futuro del país. Detrás de esta innoble alianza se encuentra el interés común por recuperar el espacio político perdido”. De esta forma, Fujimori se ubicó lejos de los partidos políticos, denunció las alianzas políticas y las comparó con un hecho innoble, porque buscó sólo los intereses de los partidos políticos. En muchos peruanos aun estaba en su memoria la famosa Convivencia entre el Partido Aprista Peruano, el Pradismo y el Odriísmo. Este acto que fue rechazado varías décadas antes, se repitió para beneficio del proyecto autoritario de Alberto Fujimori y las Fuerzas Armadas que en todo momento lo respaldó.
Y, para que no quede dudas que lo que estaba diciendo era verdad, indicó que “En la lucha contra el narcotráfico, el Parlamento ha mostrado debilidad e inconsecuencia. Esto se ve claramente en su posición frente a la legislación propuesta por el Ejecutivo para sancionar el lavado de dinero, para permitir levantar el secreto bancario, para sancionar la compra y venta de bienes 2provenientes del tráfico ilícito de drogas y para sancionar a servidores y funcionarios públicos que incurran en actos de encubrimiento de narcotraficantes. Todas estas medidas planteadas por el gobierno, mediante Decreto Legislativo N° 736, fueron derogadas por el Congreso sin la menor explicación y sin pensar que de esta manera se dejaba al país desarmado para sancionar con la dureza necesaria a quienes delinquen con el tráfico de drogas”. Fue muy inteligente al utilizar un caso concreto para ejemplificar que el Congreso de la República es el causante “del atraso del país”. Argumentó que su gobierno quiere acabar con la corrupción y la influencia del narcotráfico en el Estado Peruano. Era el Congreso quien no permitía este anhelo justo del país. Es decir, les dijo a los congresistas que eran los cómplices del narcotráfico.
Preparado el rechazo popular sobre el trabajo del Congreso de la República, Fujimori sentenció que “El pueblo del Perú, las grandes mayorías, reclaman que las energías nacionales sean canalizadas, orientadas y administradas, por instituciones eficientes comprometidas con el supremo interés de la nación. Por eso su rechazo permanente a un parlamentarismo irresponsable, estéril, antihistórico y antinacional, que hace prevalecer el interés de grupos y cúpulas partidarias sobre el del Perú. El país quiere un Parlamento conectado con las grandes tareas nacionales, despojado de los vicios del caciquismo político y del clientelismo”. Y, como el país quiere un parlamento conectado con las grandes tareas nacionales, siendo este parlamento contrario a los ideales del pueblo, entonces es mejor cerrarlo.
Habiendo satanizado al Congreso al máximo, Fujimori atacó al Poder Judicial cuando señaló que “La administración de justicia ganada por el sectarismo político, la venalidad y la irresponsabilidad cómplice, es un escándalo que permanentemente desprestigia a la democracia y a la ley. El país está harto de esta realidad y desea soluciones. Quiere un sistema de administración de justicia eficaz y moderno, que constituya plena garantía para la vida ciudadana. No quiere más feudos de corrupción allí donde debiera reinar una moral intachable”. El gobierno aprista se encargó de apristizar al Poder Judicial. Esto fue duramente criticado y rechazado por los peruanos. Fujimori se cogió de esta acto de sectarismo político para atacar a un Poder del Estado que históricamente es detestado por las grandes mayorías. El Palacio de Justicia es conocido popularmente como “Palacio de la Injusticia”. La coima y el favoritismo político hacen de las suyas entre los juzgados. Es arto conocido que quien cuenta con dinero encuentra la “justicia que desea” mientras el pobre “será sentenciado así sea inocente”.
Por ello, para refrescar la memoria, Fujimori enfatizó esta realidad cuando expresó que “Entre algunos ejemplos de cómo funciona la justicia en el país, baste con mencionar la liberación inexplicable de narcotraficantes, o el trato notoriamente parcial que les es dispensado a los mismos, o la masiva puesta en libertad de terroristas convictos y confesos, haciendo mal uso del llamado criterio de conciencia. Hay que contrastar, pues, la sospechosa lentitud con que se llevan los procesos seguido por los ciudadanos de escasos recursos y la diligencia inusual con la que se tratan los casos de gentes con influencia y poder. Todo esto hace escarnio de la justicia”. De esta manera, los peruanos observaron la seriedad con que Fujimori se oponía a la corrupción. Así mismo, para muchos peruanos, por primera vez un Presidente de la República denunciaba la corrupción existente en el Estado. Y, para que no existan dudas de su seriedad, Fujimori denunció que “La corrupción y la infiltración política han llegado a tal grado que ésta se da en todos los niveles e instancias del Poder Judicial. En el Perú la justicia siempre ha sido una mercancía que se compra o se vende al mejor postor”.
Luego de 21 años del Autogolpe de Estado ejecutado por Alberto Fujimori, la población tiene la misma percepción del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Con congresistas apodados “come pollo”, “come oro”, “mata perro”, “roba cable”, “lava pies”, “cuida mamá”, etc. Con otros que juran “por Dios y por la plata”. Con jueces que ordenan la detención de quienes se defienden de la delincuencia y dejan libres a asaltantes peligrosos. Cualquier nuevo intento de cerrar el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial será bienvenido por la gran mayoría de los peruanos. La historia no se repite pero, cuando lo hace es en forma de tragedia.
*Historiador y docente en la UNMSM.
No hay comentarios:
Publicar un comentario