Sinesio López. La
República, Jueves, 13 de junio de 2013
Si la autonomía universitaria pudiera
personificarse y hablar en medio de la actual confusión general diría con razón
a varios representantes de las universidades públicas y privadas: No me
defiendas compadre. Las mafias de algunas universidades públicas defienden la
autonomía universitaria. Lo mismo hacen algunas camarillas enquistadas por
años, como si fueran imprescindibles, en algunas universidades asociativas (sin
fines de lucro). No se quedan atrás en esa defensa varias universidades
societarias (con fines de lucro), de pésima calidad e interesadas solo en el
negocio educativo. Para bien de la autonomía universitaria, felizmente han
levantado la voz (también para defenderla) algunas universidades públicas y
privadas asociativas (y profesores) de calidad y de prestigio académico.
Reconozco que el concepto “autonomía
universitaria” ha sido estirado hasta la ambigüedad y la confusión y el debate
ha sido descontextualizado. Discutimos ahora (en un Estado de derecho al menos
normativamente) como si estuviéramos en los años 20 (durante el Estado
oligárquico, patrimonial y excluyente). La autonomía universitaria ¿es absoluta
o relativa?, ¿es parcial o es total?, ¿es respecto de los gobiernos o del
Estado unitario?, ¿se basa en una situación real (como los estados federales) o
es una ficción jurídica (como el BCR)?, ¿se refiere a lo nacional o a lo
global?
No me puedo extender en las
respuestas, pero sostengo que la autonomía universitaria es relativa, parcial,
se refiere principalmente a los gobiernos y es una ficción jurídica. La
autonomía universitaria se refiere al libre desarrollo de las actividades
académicas y de investigación, a la libertad de pensamiento y a la gestión y
administración transparente y democrática de esas actividades. Nada más. ¿Se
puede hablar de autonomía económica en universidades cuyos fondos vienen
principalmente del Estado y sobre los cuales tienen que rendir cuentas? Tengo
la impresión que muchas universidades privadas demandan autonomía para no pagar
impuestos. Hay que reconocer que nuestras universidades están en transición de
lo nacional a lo global, que la ciencia y la tecnología no tienen patria, pero
que están obligadas a impulsar un pensamiento autónomo.
Las universidades no son espacios
virtuales, ellas ocupan un territorio y tienen autoridades estatales que
ejercen jurisdicción sobre él. De eso no pueden escaparse. En esa medida tienen
que ocupar un lugar en el Estado. ¿Cuál es ese lugar? Sin duda, el espacio
educativo.
Eso no significa que ellas tienen que
someterse al Ministerio de Educación (perdiendo autonomía) sino que tienen que
coordinar con él, como lo señalan algunos proyectos al respecto. Esa
coordinación supone dos cosas. Primero, definir a las universidades como un
sistema y segundo, que ellas y los colegios profesionales (que son su producto)
propongan ternas para que el Poder Legislativo (no el gobierno) elija entre
ellas y se forme de ese modo el Consejo Nacional de Universidades. La ANR
(integrada por gente honorable, pero también por impresentables) debe desaparecer.
El error fundamental de la Comisión
parlamentaria de educación es pretender liberar a las universidades de las
mafias y camarillas a través de los representantes del pensamiento único
neoliberal (MEF y CONFIEP) y del nombramiento por el gobierno de los
integrantes de la llamada Autoridad Nacional Universitaria. Eso viola
doblemente la autonomía. Es, en cambio, un acierto la elección de las
autoridades universitarias mediante el sufragio universal.
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