La autonomía universitaria

Por Nicolás Lynch

Vivimos en estos días uno de esos momentos altos en el espasmódico debate sobre la Universidad Peruana.

Una vez más el intercambio está mal planteado, no se trata de una ANR heroica que defiende la autonomía universitaria contra un anteproyecto malvado que busca intervenir las universidades, no.

El asunto de fondo es la monumental crisis por la que atraviesa la Universidad Peruana, toda, la pública y la privada, por una causa central: el abandono del Estado. Este abandono ha permitido una hipertrofia del conjunto, multiplicándose las universidades por quince y los estudiantes por treinta y respondiéndose a la demanda por educación superior sin proyecto y sin recursos. Dos han sido los actores en este proceso, los políticos irresponsables que han creado universidades públicas para mantener contenta a su clientela electoral y los amantes del negocio rápido que han encontrado en esta actividad un filón más para hacer plata. El resultado es la tragedia que vivimos, salvo contadísimas excepciones hoy no se enseña, ni se investiga, ni menos se proyecta la universidad a la sociedad. Simplemente se vegeta.

La crisis ha sido drásticamente empeorada quince años atrás con el decreto legislativo de la dictadura de Fujimori y Montesinos sobre la inversión privada en la educación, que permitió la creación de las universidades-empresa. Nadie sabe cuántas son: cincuenta, setenta, noventa; pero se han multiplicado con la velocidad del afán de lucro, introduciendo un nuevo factor a la crisis comentada, el de la mercantilización de la educación superior. Por algo estaban prohibidas en el país y lo están en la mayor parte del mundo. Me refiero a la incompatibilidad entre la creación de conocimientos, función primordial de la universidad y el objetivo de la ganancia, natural en quien pone una empresa.

Ahora, nos seguimos enfrentando a la necesidad de reformar la Universidad para que vuelva a servir a sus fines de enseñanza, investigación y proyección social. En este empeño, un punto primordial es la autonomía universitaria para que la institución pueda, efectivamente cumplir sus fines antedichos. La autonomía es tan vieja como la Universidad y está relacionada con la necesidad de contar con una institución lo suficientemente independiente para que pueda debatir los problemas, crear conocimiento y opinar sobre el desarrollo de nuestras sociedades. 

Sin embargo, el actual concepto de autonomía data de la reforma de Córdoba de 1918 y se entiende como autonomía frente al Estado Oligárquico que impedía el desarrollo de la Universidad. A esta realidad corresponde la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), organismo coordinador que es más representante de un colegiado que una autoridad del sistema. La realidad de la reforma de Córdoba ya no existe más y la Universidad ya no está, necesariamente, confrontada con el Estado, sino que debería buscar ser parte de la construcción de una sociedad democrática. Por lo tanto, su autonomía no puede significar autarquía. Esto último ha permitido, en especial por el deterioro de los últimos años, que en las universidades públicas se desarrollen mafias expertas en usufructuar las pobrezas universitarias y que en las privadas proliferen las “universidades garajes” con carreras de “tiza y pizarra” para esquilmar la ingenuidad de la creciente demanda por educación superior. La ANR ha fracasado en cualquier empeño de poner orden en este concierto.

De allí que en el debate de los últimos años se desarrollara la idea de un organismo supra universitario, por encima de las universidades individuales pero como parte del conjunto, que se constituyera como autoridad del sistema. Así, con otros académicos hemos planteado en muchas oportunidades la necesidad de un Consejo Nacional Universitario, que surgiera como propuesta de las universidades más antiguas y los colegios profesionales, para ser ratificado por el Congreso de la República. De manera tal que tuviera un origen universitario y profesional y contara con una ratificación democrática. Este Consejo debería cumplir con las funciones de la coordinación, autorización de funcionamiento y evaluación universitarios. En resumen, un organismo que pudiera dar la calidad que las universidades individuales, desafortunadamente, no se pueden dar.

El error del actual anteproyecto en discusión es el origen y la composición de lo que llama “autoridad nacional universitaria”. Primero, señala que esta autoridad debe ser nombrada por el Poder Ejecutivo, soslayando al Congreso de la República que es el órgano deliberativo más importante. Y segundo, pone en la composición a delegados de la CONFIEP, el MEF y el Ministerio de Educación. Es decir, desnaturaliza la propuesta anterior dándole un carácter privatista y autoritario, porque de esta manera difícilmente se podrá conducir a la Universidad Peruana por un camino distinto al modelo económico dominante o al que tenga el gobierno de turno. En este sentido, tienen razón los críticos cuando dicen que atenta contra la autonomía universitaria, porque deja el ámbito propio de la universidad para introducir intereses ajenos al quehacer académico, como son los del dinero y el poder político.

Hay necesidad de una nueva ley universitaria que acometa la tarea de la reforma en los tiempos actuales. Hay necesidad también de una autoridad del sistema universitario, pero que sea universitaria, sin injerencia –más allá de la ratificación democrática del Congreso- de poderes externos a la universidad que quieren terminar de devorarla para avanzar sus fines subalternos.